En ocasión de la reforma al Código Procesal
Penal dominicano, la cual se ha aprobado en el Congreso Nacional de la
República, nos percatamos de que uno de los aspectos mas neurálgicos de esta
modificación, probablemente lo constituirá el hecho de que, en lo
adelante querellarse contra un funcionario público que incurra en una falta en
el desempeño de sus funciones no será posible, surgiendo en nosotros una
interrogante que no podemos postergar:
¿Estaríamos hablando entonces, de una especie
de inmunidad parlamentaria para los funcionarios públicos?
Constituye un grave desatino que luego
de haber logrado un nuevo Código Procesal Penal en el año 2002, tras
muchos años de impartir justicia con un código de procedimiento
criminal basado en el sistema inquisitorio, hoy doce años después, la primera
enmienda que se le haga a esa pieza normativa se haya efectuado en una única
lectura por el Congreso Nacional, suprimiendo el tercer párrafo del articulo
85, que reconoce la prerrogativa que tiene todo ciudadano de querellarse contra
un funcionario público cuando en el ejercicio de sus funciones ha violado la
Ley.
Sin duda alguna, República Dominicana que con
la Constitución del año 2010 se ha colocado en el mapa de los países mas
progresistas en términos sustantivos, con una Carta Magna que ha sido
reconocida por expertos internacionales como una de las mejores del hemisferio,
esta corriendo el riesgo de incurrir en una inconstitucionalidad evidente que
se puede traducir en un lamentable retroceso del Estado social,
Democrático de Derecho, máxime cuando en estos tiempos se habla de fortalecer
los mecanismos y procedimientos que garantizan la transparencia en la
gobernanza de la Administración Pública dominicana. Sin embargo, esta
Constitución sería flagrantemente violada en su artículo 22 que reconoce el
derecho de los ciudadanos a denunciar las irregularidades de los funcionarios
en el desempeño de sus funciones.
Una muestra de estos mecanismos e
instrumentos que se están trabajando de cara a fortalecer la transparencia es,
el llamado Código para el Buen Gobierno que aparte de evitar la
ocurrencia de conflictos de intereses en la función pública, vendría a
fundamentar el ejercicio de un Buen Gobierno amparado en altos niveles de
participación ciudadana, por lo que la aprobación de la pieza legislativa
del CPP no debe ser promulgada por el Mandatario, ya que en todo caso, la
tendencia debe ser a fortalecer mecanismos de prevención de corrupción,
no a disminuirlos, mucho menos eliminarlos.
Es necesario destacar que no todo esta
perdido, en nuestro amplio cuerpo de legisladores, que en términos
proporcionales de territorio y población sobrepasa la cantidad de países tan
desarrollados y tan grandes territorialmente como China, Rusia y Japón,
contamos con legisladores serios y responsables que ejercen y han ejercido la
función legislativa como un verdadero postulado de vocación de servicio a
intereses colectivos y no particulares.
Un autentico ejemplo de esto lo
ha sido el pasado Diputado por la Provincia de Santo Domingo, Dr. Elso Martínez
Segura, quien en fecha del 15 de mayo del 2007, remitió una carta al otrora
Presidente de la Cámara de Diputados, Julio Cesar Valentín, solicitando incluir
un Anteproyecto de Ley que brinde algún instrumento de protección a
los funcionarios públicos y ciudadanos particularesque denuncien de buena
fe actos de corrupción. Evidentemente, el nombre del también Catedrático Elso
Martínez no debe resultar desconocido, pues además de tener
una larga trayectoria pública también fue el primer diputado que denunció
públicamente las irregularidades en la compra de los famosos aviones
Supertucanos.
Exhortamos al señor Presidente de la República
Danilo Medina poner una vez más, sus oídos en el corazón del pueblo y
escuchar los latidos por el reclamo de una Administración Pública más
transparente, más pulcra y más ética, escuchar los latidos de un pueblo por una
renovación de Gabinete desgastado por el tiempo a casi dos años del
Gobierno, al mismo tiempo que reconocemos que los Funcionarios que están
haciendo el trabajo no deben ser cambiados (continuar con lo bueno). Todo lo
anterior, para que pueda casarse con la gloria el Presidente dejando un legado
histórico al vetar y devolver el CPP, como ya ha dejado un legado con
temas como la Barrick Gold.
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