Ley de partidos y democracia

Por JOSE TOMAS PEREZ

El problema principal que enfrentan los partidos políticos en la República Dominicana es su carencia o su falta de identidad ideológica y doctrinaria. Y, aunque mi estimado compañero Euclides Gutiérrez Félix se ponga bravo, lo cierto es que no existen diferencias cualitativas de significación entre el PLD de hoy y aquel PRD que abandonó Juan Bosch en 1973, porque entendía que había perdido su razón de ser. 

Estrechamente vinculado con este déficit de identidad, está el problema de la democracia dentro de los partidos. De nada valdrá una ley, si en la misma no se definen los parámetros y el alcance de lo que debería ser el concepto y la metodología de esa democracia, abierta, consciente y participativa que necesitamos.

La Conferencia del Episcopado se alarma por el nivel de degradación a que han llegado las prácticas clientelares en los partidos políticos. Y tiene razón. La democracia partidaria de hoy ya no se sustenta en las ideas ni en los postulados ideológicos, y mucho menos en las propuestas programáticas que pudieran levantar los candidatos. Es una democracia mediatizada por los intereses individuales o las carencias y necesidades materiales de una población votante que ha perdido la perspectiva de su futuro y que se debate la inmediatez de su supervivencia. Ya no hay militantes políticos, sino seguidores.

Hasta 1995, año en que se celebraron las elecciones primarias para escoger al candidato presidencial del PLD, seleccionar un candidato, de cualquier nivel que fuera, era una labor meticulosa, que ameritaba la presentación de un currículo muy bien documentado y que obligaba a los que pretendían ser los elegidos a someterse un severo escrutinio de sus ideas y condiciones políticas. Como no había nada material para repartir, ni empleo, ni funditas ni dinero, la escogencia política se fundamentaba estrictamente en el conocimiento, la doctrina y la praxis del aspirante. 

Leonel Fernández, Euclides Gutiérrez y Norge Botello tuvieron que sacar de sí todo lo que aprendieron del maestro Juan Bosch y del estudio de la política, para convencer, aquella vez, a un auditorio altamente calificado que se reunía en asambleas a escucharlos, que cuestionaba de manera activa cada argumento que le presentaban, que investigaba cada detalle y que, por su cultura política bien cimentada en la doctrina boschista, estaba acostumbrado a no emitir un voto en favor de nadie, a menos que estuviera absolutamente convencido. 

Cuando me tocó la ocasión y el honor de competir en contra de ese ícono de la política peledeísta, el compañero Lidio Cadet, por la Secretaría General del partido, el PLD tenía apenas dos años en la dirección del Estado. Para ese entonces, la mayoría de los militantes estaban desempleados y comenzaban a surgir las quejas y acusaciones en contra del nepotismo y el amiguismo, prácticas sobre las cuales Juan Bosch  hablaba con frecuencia y prevenía a los dirigentes de no incurrir en ellas, anticipándose a los daños que le podían acarrear  a la organización. 

Me bastó llamar la atención sobre lo que estaba pasando y reclamar,  a través de mi discurso, a los dirigentes y funcionarios  del PLD, el retorno a la política  de los principios, para que las bases peledeístas se volcaran a apoyar mi candidatura y me escogieran como el tercer secretario general de su corta historia, con más del 75% de los votos.

Y no lo hicieron en rechazo a Lidio Cadet, que siempre fue y ha sido un dirigente de grandes condiciones políticas, ejemplo de honestidad y sencillez personal, sino como un mensaje que lanzaba en contra de esas sutiles manifestaciones clientelares que poco a poco empezaban a echar raíces en la organización que fundó Juan Bosch. 

La ley de partidos políticos pudiera ser un instrumento útil para el rescate de algunos elementos de la política en la República Dominicana, pero jamás para acabar con el clientelismo. Mientras haya pobreza y exista una población de votantes o militantes, que vea la política como el único instrumento que tienen a manos para progresar económicamente o resolver sus problemas materiales inmediatos, habrá clientelismo y por consecuencia, estarán ahí, a su acecho, aquellos políticos inescrupulosos que buscan beneficiarse de ese estado de debilidad espiritual.

¿Qué se puede hacer, entonces, desde la ley de partidos para adecentar un poco la forma de hacer política en la República Dominicana? Muchas cosas. Se podrían, por ejemplo, definir parámetros y prácticas para el logro de una mayor transparencia del uso de los fondos públicos, se podría regular la propaganda y la publicidad, con el objetivo de equilibrar un poco el juego entre los participantes y cuidar el medio ambiente, la JCE tendría, por primera vez, la oportunidad de jugar un papel más activo dentro de la dinámica interna de los partidos. Con esta nueva ley se prohibiría el tradicional despojo de candidaturas, se condenaría la grosera imposición de cuotas a empleados públicos y privados, se limitarían las manifestaciones al aire libre, se establecerían de manera oficial las primarias como método de selección de candidaturas y se reafirmaría la cuota del 33% de las candidaturas para la mujer.

¿Y qué de la democracia de los partidos? 

Si bien el establecimiento de primarias pudiera ser un mecanismo importante para elevar los niveles de participación de los ciudadanos en la elección de los candidatos, su implementación no resolvería el problema fundamental que tiene la democracia partidaria, que es el de la falta de árbitros. No hay árbitros en los partidos políticos. De ahí que cada proceso electoral interno se convierte, al final, en un atolladero. Pasa en el PRD, pasa en el PLD, pasa en el Reformista y pasa en los emergentes, como se le denomina a los partidos minoritarios. En el PLD con frecuencia los árbitros son los mismos candidatos. Me imagino que en los demás partidos también.

Dejando el clientelismo político como un problema que surge de la esencia misma de la sociedad y que su superación estaría condicionada, más al desarrollo económico y a la elevación cultural y educativa de las masas, que a la voluntad de los propios partidos, lo mínimo a que podemos aspirar es a que los procesos internos de esas organizaciones se hagan con transparencias y sin engaños.  Las primarias han devenido en un método adecuado para enriquecer el ambiente democrático dentro de los partidos. Sin embargo, es necesario dar un paso más. Se necesita que la JCE sea la que se encargue de organizar, administrar y arbitrar esos procesos de selección. Que si se hacen abiertas y simultáneas, cerradas e internas, es un tema más para discutir. De mi parte, las preferiría abiertas  y simultáneas, debido a los serios cuestionamientos que se le hacen a los padrones de los partidos. Sin embargo, la determinación de que la JCE se convierta en el árbitro debe ser  un tema insoslayable.

La práctica que se ha puesto en evidencia en la mayoría de los procesos internos de los partidos es la del engaño, la compra de delegados, el robo de urnas, la pre marcación de boletas, el conteo amañado, la fabricación de votos en el computador. Al final, nadie interviene y todo se queda para resolverse en la próxima contienda.

Mi recomendación es que votemos por esa Ley, pero que lo hagamos con la conciencia de que no es la panacea.

Se necesitarán muchos años de crecimiento económico, de desarrollo social, de democracia y de educación política para que en la República Dominicana nuestras organizaciones políticas puedan emular el comportamiento de aquellos partidos que operan en sociedades donde la gente no se ve en la obligación de vender o alquilar su cabeza para poder sobrevivir.