Santo Domingo.- La Colectiva
Mujer y Salud le enmendó la
plana a la Conferencia
del Episcopado Dominicano (CED) que este jueves, 16 de enero, emitió una carta
pastoral sobre la familia, en la que -según las feministas- incurren en
omisiones desconcertantes, contradicciones, además de continuar con un discurso
sobre la familia desfasado.
A continuación la respuesta de las y los feministas:
Pero las incoherencias eclesiales
no se limitan al tratamiento de los desnacionalizados y de la pederastica
clerical. Consideremos sino su insistencia en la familia nuclear en un país
donde dicho modelo familiar es estadísticamente minoritario o, peor aún, su
preocupación por el embarazo adolescente al tiempo de reiterar la prohibición
del uso de anticonceptivos.
La Carta Pastoral dada a conocer este 16 de enero por
los obispos dominicanos reitera el discurso católico tradicional –y cada vez más
anacrónico- sobre la familia, al tiempo que presenta omisiones desconcertantes.
De éstas, nos limitaremos a señalar dos que a nuestro parecer son
particularmente graves por la cantidad de familias afectadas y la enormidad de
los sufrimientos ocasionados.
Nos referimos en primer lugar a la
sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, tan ardorosamente defendida por
el jefe de los obispos, el Cardenal López Rodríguez, disposición que no solo
afecta a los más de 200,000 descendientes de migrantes haitianos nacidos en el
país, sino también a los hijos que ellos puedan tener en el futuro. El hecho de
que dicha sentencia condene a los desnacionalizados y a sus familias presentes
y futuras a la pobreza crónica, la marginalidad social y la explotación
económica no parece, sin embargo, preocupar a los obispos tanto como el hecho
de que en algunos países los gays y las lesbianas puedan contraer matrimonio
con las personas que aman. Las contradicciones éticas que revelan estas
posturas son insoslayables.
En segundo lugar, consideramos una
muestra de irresponsabilidad que raya en el cinismo el hecho de que la carta de
los obispos omitiera mención alguna de los casos de pederastia sacerdotal que
han plagado a la Iglesia
dominicana en el último año. Este mutismo episcopal ratifica la trayectoria de
encubrimiento y complicidad que ha caracterizado el accionar tanto de la
jerarquía local como del Vaticano, contribuyendo así a que estos casos
permanezcan impunes.
Es tan grave y tan sistemático el
proceder eclesiástico frente a estos crímenes, que la divulgación el día de hoy
de la Carta Pastoral
coincidió con una ocurrencia histórica: la comparecencia de los representantes
del Vaticano ante el Comité de las Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño.
Contrario a lo planteado en los últimos días por voceros de la Iglesia , la preocupación
principal del Comité es la política vaticana de encubrimiento y protección de
los curas pederastas y su escasa preocupación por las víctimas de estos
crímenes, ambas claramente evidenciadas en los casos dominicanos.
Tampoco se trata, como se ha
insinuado, de un intento de acoso o persecución. Desde el momento en que la Iglesia logró que un
número suficiente de países católicos se acogiese a la ficción de que el
Vaticano es un “Estado” y como tal tiene derecho a participar en las Naciones
Unidas y a firmar convenios multilaterales, asumió voluntariamente las
obligaciones que dichos tratados conllevan –en este caso, la de presentar
informes periódicos ante el Comité que monitorea el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por los Estados signatarios de la Convención Internacional
Sobre los Derechos del Niño.
Pero las incoherencias eclesiales
no se limitan al tratamiento de los desnacionalizados y de la pederastica
clerical. Consideremos sino su insistencia en la familia nuclear en un país
donde dicho modelo familiar es estadísticamente minoritario o, peor aún, su
preocupación por el embarazo adolescente al tiempo de reiterar la prohibición
del uso de anticonceptivos. La ofuscación de la Iglesia frente a la
anticoncepción, la educación sexual escolar y el aborto terapéutico la colocan
a espaldas a la gran mayoría de la población dominicana, que según las
encuestas favorece estas medidas en forma inequívoca.
Esta oposición implacable a los
derechos sexuales y reproductivos junto a su proceder censurable frente a los
curas pederastas no hacen más que acelerar la pérdida de autoridad moral de la Iglesia , un proceso que
esta Carta Pastoral no contribuye en nada a revertir.
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