Por ORION MEJIA
Juan Bolívar Díaz ni Huchi Lora no representan peligro para
la dominicanidad ni han obrado de forma tal que merezcan el calificativo de
traidores a la patria. Simplemente, esos y otros colegas no están de acuerdo o
se oponen a la sentencia del Tribunal Constitucional que fija el alcance de la
nacionalidad, a lo que tienen absoluto derecho.
Carece de sentido, por consiguiente, que alguien se
querelle por ante el Ministerio Publico bajo el alegato de que esos
comunicadores incurren en violación a la ley penal por emitir juicio de valor
contrario a ese fallo del juez constitucional o por coincidir con
instancias supranacionales que proponen sancionar a República Dominicana
por la puesta en vigencia de esa sentencia.
Huchi y Juan Bolívar han hecho bien en poner en auto a la
fiscalía si creen sentir que su integridad física peligra a causa de las
opiniones que han emitido. Más aun, todos nosotros debemos reclamar de las
autoridades que garanticen la vida de esos prestigiosos profesionales,
así como la de cualquier otro ciudadano que se considere en igual
situación de peligro.
La defensa y el respeto al derecho de esos colegas a
disentir sobre un tema tan trascendente es lo que nos confiere autoridad moral
para exponer nuestro respaldo al contenido de la sentencia que ha
pronunciado el juez de control constitucional y de exigirle a esos y a otros
ciudadanos que también respeten a quienes no compartimos sus opiniones.
Es injusto e imprudente acusar a tan reconocidos
profesionales de traidores a la patria, primero, porque no lo son ni lo han
sido nunca, y segundo, porque con ese tipo de afrenta se hace
daño a la causa promovida por quienes creen defender el gentilicio
dominicano ante una recrudecida campana de descredito.
En todas las encuestas y sondeos que se han realizado ha
quedado demostrado que más del 90 por ciento de la población respalda la
sentencia de referencia y que también apoya el compromiso del Gobierno de
cumplir con ese estatuto con estricto apego a los derechos de las personas
que resulten afectada, que no son 200 ni 400 mil, sino menos de 23 mil.
En vez de tildar a Huchi y a Juan Bolívar de
traidores a la patria, lo que debería enfrentarse en el plano
teórico es la aberración que ha postulado la socióloga Rosario
Espinal sobre un supuesto “incendio migratorio”, que según ella promueve
el Gobierno, o el criterio de nuestro embajador en Haití, que ha dicho que los
dominicanos somos algo así como racistas patológicos.
Por oponerse a esa sentencia no se incurre en ningún tipo
de traición a la patria, por lo que no hay razón para que los afectados
intenten compararse con Juan Pablo Duarte y Los Trinitarios, pero tampoco es
justo equiparar con Pedro Santana a quienes respaldan ese fallo, ni tampoco
tildarlos de racistas o xenófobos. A la República la defienden
hoy buenos y verdaderos dominicanos, una hermosa expresión de Juan Pablo Duarte.
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