En un esfuerzo conjunto de la Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Centro Regional de
Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), fue entregado a legisladores de
diferentes bancadas un anteproyecto de ley sobre responsabilidad fiscal, como una
contribución al desarrollo de una cultura de transparencia en el Estado, de
manera específica en la ejecución presupuestaria y la administración
financiera.
Este anteproyecto sirve de marco integral para
la fijación de los criterios de administración financiera del Estado, al
establecer expresamente los parámetros cualitativos y cuantitativos que se
requieren para “el logro de una prudente, responsable y transparente gestión
financiera del Estado, base esencial para el desarrollo económico y sostenible de
la Nación ”.
(Artículo 1 del Proyecto).
Para ello el anteproyecto complementa el
conjunto de normas y mecanismos que forman parte del Sistema Integral de
Administración Financiera del Estado, el cual ha sido concebido a partir de
leyes como la Ley Orgánica
de Presupuestos para el Sector Público, la Ley de Crédito Público o la propia Ley que crea
el Sistema de Administración Financiera del Estado.
Asimismo, como indica el artículo 1 del
Proyecto, “forma parte del objeto de la misma establecer la estructura
institucional encargada de la aplicación y supervisión del régimen de
responsabilidad y transparencia fiscal, así como el sistema de consecuencias
que se deriva de su inobservancia, violación o inaplicación”.
Otro de los propósitos centrales de la propuesta
es crear los instrumentos e instituciones necesarias dentro del Estado para
lograr el objetivo de estabilidad en el manejo de la deuda, tanto interna como
externa, así como de las ejecuciones presupuestarias. Entre ellos se
destacan como una gran necesidad la creación de:
El Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad
Fiscal (FESF), que incluye el mecanismo de administración de fondos
especializados. Dicho Fondo constituye a su vez una herramienta que permitirá
crear una reserva que para hacer frente a situaciones de emergencia económica
que requieran mayores sacrificios, por lo que constituiría un seguro o garantía
de la estabilidad fiscal, entre otros.
Asimismo se crea la crea la Oficina Congresual
de Presupuestos y Análisis Económicos (OCPAE), que faculta al Poder Legislativo
para que asuma plenamente las tareas de análisis, estudio y, consecuentemente,
de control de las políticas públicas y ejecuciones estatales en materia de
sostenibilidad fiscal.
Otra de las virtudes de la propuesta es
que destaca la creación de mecanismos de transparencia como la principal forma
de facilitar la participación de los ciudadanos y la sociedad en sentido
general. Para ello detalla un catálogo de obligaciones en materia de
información por parte de los funcionarios públicos, vinculado a las
herramientas de acceso y consecuencias por su violación descritas en la Ley General de Libre
Acceso a la
Información Pública.
Otro de los aspectos más importantes
planteados en el anteproyecto, y cuya repercusión serían de gran impacto en el
desarrollo nacional, lo constituye la creación de un sistema claro y preciso de
consecuencias por el incumplimiento de los criterios y metas de sostenibilidad
fiscal y transparencia previstos. La responsabilidad se vincula a la fijación
de sanciones que procuren el respeto del ordenamiento establecido. El régimen
de responsabilidad por la violación a las reglas establecidas en el
anteproyecto es el mismo que aparece, en sentido general, por las disposiciones
previstas en el artículo 36 de la
Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
La aprobación e implementación de este
anteproyecto constituirá un importante avance en la materialización del principio
o criterio de desarrollo económico basado en políticas y reglas fiscales
sostenibles, tal y como prevé la
Ley No. 01-12, Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
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