Durante su discurso de toma de posesión, el pasado 16 de agosto, el presidente Danilo Medina se refirió al problema eléctrico en estos términos: “Parece mentira que en la segunda década del siglo XXI tengamos que decirlo, y lo cierto es que no podemos esperar más para encarar con voluntad definitiva este problema”.
Aunque compartimos lo expuesto por el presidente Medina, consideramos que para avanzar es necesario evitar repetir los mismos errores, al “hacer lo que nunca se hizo”.
El problema eléctrico existía cuando Leonel Fernández tomo el poder en 1996 y se expresaba de manera creciente y progresiva como:
- Déficit operacional,
- Deuda acumulada y
- Apagones.
El modelo de la otrora CDE era un problema que debía ser resuelto por el gobierno de Fernández, pero resulta que, para resolverlo, afloraron dos enfoques que se manifestaban en tensión a lo interno de su gobierno, con criterios claramente diferenciados.
Por un lado, surgió un enfoque al que llamaremos de Montás, basado en privatizar el sector eléctrico como modelo de solución al problema de suministro de energía a la población, y que el Estado se encargara de la regulación. Este enfoque se sustentaba en pasar todos los servicios públicos al sector privado, considerando la electricidad como una mercancía que se compra y se vende, y en consecuencia el futuro del sector lo regiría solo el mercado.
Mientras que, por otro lado se expresaba otro enfoque, al que llamaremos de Segura, basado en soluciones pragmáticas, donde se combinaran el Estado y el sector privado con el objetivo de que el país recibiera un servicio de electricidad en cantidad suficiente, con la calidad necesaria y a precio razonable. Este enfoque se sustentaba en el servicio eléctrico como un servicio público de primera necesidad y por lo tanto requería de una planificación a mediano y largo plazo coordinada por un ente del Gobierno y resolver los problemas del corto plazo para sustentar este estratégico servicio.
El enfoque Montás fue aplicado en el período 1996-2000 y sus partidarios establecieron un esquema de privatización, empezando con la etapa conocida como cCapitalización, que era sólo el principio, debiéndose consolidar la reforma con el buen accionar del modelo propuesto. Al parecer de muchos, el modelo presentaba serias inconsistencias en su formulación que lo hacía inviable y lo cual por la vía de los hechos se demostró.
Durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía las cosas retrocedieron, pues en lugar de pasar a la siguiente etapa privatizadora se introdujeron dos profundas distorsiones a la primera. En efecto, con la firma del Acuerdo de Madrid, en 2001, fue eliminado el concepto de compra de energía a precios competitivos por parte de las empresas distribuidoras; asimismo, con la recompra de las acciones de Unión Fenosa en Edenorte y Edesur, en 2003, se revirtió el criterio de administración privada.
Al iniciarse la segunda gestión de Leonel Fernández, en 2004, bajo la administración de Rhadamés Segura se empezó a implementar un Plan Integral del Sector Eléctrico.
En este plan se incluyeron las siguientes medidas, las cuales se presentan siguiendo su orden lógico de ejecución, aunque varias de estas acciones se planearon ejecutar de manera simultánea:
- Revisar los contratos con los generadores
- Convertir a Cogentrix a gas natural
- Producir más energía barata (plantas a carbón)
- Disminuir las pérdidas
- Aumentar la cobranza
- Focalizar el PRA
El plan no se cumplió pues el poder siempre estuvo imponiéndose a la razón. En el resumen o gráfico, expresado en millones de dólares, se compara la situación real del déficit operacional de las empresas distribuidoras registrado en 2011, con lo que habría resultado de haberse implementado desde 2005 el Plan Integral del Sector Eléctrico.
Entre los principales resultados esperados de la implementación del Plan Integral para el Sector Eléctrico al 2011 se tendrían:
- Superávit operacional de 166 millones de dólares en lugar de un déficit de 1,238,
- Incremento de un 20% en el suministro de energía, y por tanto casi la eliminación de los apagones y
- Disminución de la tarifa eléctrica, en lugar de los aumentos de más de 30% que se han hecho en los últimos años.
En el período 1996-2000, Montas estuvo al frente del sector eléctrico durante los primeros 18 meses; mientras que en los restantes 30, la administración estuvo en manos de Segura y se aplicó parcialmente su enfoque, hasta el nivel permitido por la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), partidaria del enfoque Montás, que impuso la capitalización a rajatablas sin acoger las observaciones sobre las inconsistencias.
En el período 2004-2012, Segura estuvo al frente del sector eléctrico los primeros 60 meses; mientras que en los restantes 36, la administración estuvo a cargo de Celso Marranzini, partidario del enfoque Montás.
Como se ve, representantes de ambos enfoques se alternaron la administración del sector eléctrico, pero el problema no fue resuelto. ¿Por qué?
Sencillamente porque se entorpecieron todas las acciones planificadas conforme al enfoque Segura (el de la razón), para su no ejecución y cuando se le facilitaron todos los recursos desde el poder a las del enfoque Montás (el del Poder), las mismas no dieron los resultados esperados y el déficit del sistema se incremento.
Analizando lo ocurrido en el sector eléctrico durante los gobiernos de Fernández, se puede concluir:
- Cuando la administración se condujo bajo la Razón, el poder desde fuera se oponía con determinación y perseverancia a lo planificado.
- En contraposición, cuando la administración se condujo bajo el poder, la razón desde fuera colaboraba buscando soluciones.
Siempre que las ideologías y los intereses particulares se anteponen al interés nacional, el pueblo paga las consecuencias, lo que en este caso se estima en miles de millones de dólares, a lo largo de los diferentes períodos de gobierno señalados.
Resulta evidente que para resolver el problema eléctrico es necesario que el poder armonice con la razón, lo que puede lograrse dentro del concepto: “Hacer lo que nunca se hizo”.
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