ISIDORO SANTANA
Economista
No se imaginan cuánto lo pensé antes de escribir este artículo, debido a que, por el momento político que vivimos, podría prestarse a todo tipo de interpretaciones. Pero no puedo evitarlo, puesto que es precisamente ahora cuando se discute el proyecto de ley de salarios en la administración pública, y es la coyuntura para salir al frente a tantas falacias como las que he escuchado o leído.
Mucha discusión se ha centrado en los aspectos legales y constitucionales de incluir en la ley a algunas instituciones. Sobre eso no voy a opinar. Solamente la racionalidad económica.
Sostener que el Banco Central, o cualquier otra institución pública, no dependen del presupuesto público, como una forma de sustentar el mundo de injusticias y de privilegios en los salarios gubernamentales, es una de las mayores falacias que he escuchado. Aún en el caso de que una institución reciba “recursos propios” o tenga fuentes especializadas de ingresos, constituyen dinero público tanto como el que más, y es deber fundamental del Estado velar por su uso correcto. Por eso, no hay razón aceptable que justifique dejar fuera del alcance de la ley a ninguna institución.
No voy a escribir mucho. Sólo quiero que el lector observe con atención los dos gráficos anexos. El primero fue elaborado con datos tomados del Estado de Resultados del Banco Central, correspondiente al 2011. Para que los interesados en el tema puedan comprobarlo por sus propios medios, les informo que los estados financieros auditados se encuentran en la direcciónhttp://www.bancentral.gov.do/acercabc/estados_financieros2011.pdf, donde podrán, tras algunas operaciones de suma y resta, constatar los siguientes números:
Los gastos totales del BC ascendieron a RD$48,971 millones en 2011, y sus “ingresos propios” fueron RD$2,168 millones. Tan descomunal diferencia entre ingresos y gastos, de 46,803 millones de pesos, fue cargado a los contribuyentes, debido a que la ley establece que si el Banco tiene déficit, corresponde al fisco pagarlo (por eso le llaman cuasifiscal).
Ahora bien, como el Tesoro Público no tiene tanto dinero para cubrir todo el faltante, salvo descuidar mucho más la educación y salud, del presupuesto público del 2011 sólo se le transfirieron RD$18,861 millones, quedando una diferencia por cubrir ascendente a 27,942 millones de pesos. Ese monto fue cargado como “cuentas a recibir del Gobierno”, con cargo a los presupuestos de años venideros, engrosando una deuda que ya no sabemos dónde terminará (deuda cuasifiscal), que ya va por RD$347 mil millones (casi nueve mil millones de dólares), y que lo único seguro es que, tarde o temprano, saldrá del sudor de los contribuyentes.
Amparado en esa supuesta “autonomía presupuestaria” parecería que la ley da carta blanca para gastar ilimitadamente recursos públicos, comprar todo lo que sea comprable y endeudarse con cargo al contribuyente, y ahora el Banco Central dominicano ha de ser uno de los más costosos del mundo. Miren el segundo gráfico (con datos del SIGEF), y piensen si no será algo insólito que un pueblo gaste en el Banco Central más dinero que lo destinado al Ministerio de Educación y más que lo gastado en la salud de sus millones de habitantes.
Es cierto que la mayor parte de ese presupuesto se va en el pago de intereses, pero los RD$8,782 millones que se gastan en otras cosas superan los llamados “ingresos propios” en más de 6,600 millones de pesos; constituyen una suma casi igual a la mitad de lo gastado en los miles de escuelas primarias del país y más del doble que en las secundarias; son una cifra mayor a la gastada en la seguridad ciudadana del país (policía), en la construcción de carreteras, en la administración de justicia o en el suministro de agua y alcantarillado.
Y se dirá que ese es el costo que el país debe pagar para mantener una burocracia bien calificada, eficiente y consagrada, lo cual es medianamente cierto, pues no dudo del valor y la profesionalidad de una parte de ella. Pero hay de todo. Y todas esas calificaciones y sustanciosas remuneraciones fueron insuficientes para evitar que se acumulara frente a sus ojos un fraude de tales dimensiones como el que vimos años atrás, y la posterior forma tan generosa con que pretendió ser afrontado. Si no le hubiera fallado al país ni hubiera sido tan generosa con el dinero ajeno, no hubiéramos vivido la crisis que vivimos, ni se habrían empobrecido millones de dominicanos, ni quebrado miles de negocios, ni tuviéramos la deuda que tenemos.
La ciudadanía podría encontrar una explicación si la escuela pública le falla a este país, o si le falla el hospital público o la policía, como efectivamente le han fallado, porque al final, los hemos sometido a esa terrible asfixia económica.
Pero que le fallen los organismos de control y fiscalización financiera, eso no tiene madre.
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