Código, Decreto y Austeridad: Señales que marcan

CÁNDIDO MERCEDES

Sociólogo

Un Código de Ética es una declaración de políticas, principios o reglas que guían el comportamiento de los seres humanos en una organización, en una empresa o un grupo social determinado. El Código pauta, crea el patrón, el marco de actuación, relación y decisiones de los individuos que interactúan en un determinado segmento de la vida social. El Código es el cuerpo, el estatuto, el reglamento, el paradigma a partir del cual las personas han de actuar. Constituye el molde, la guía y el modelo a partir
del cual se ha funcionar.

Un Código nos sirve para poder medir, crear el marco de referencia, la estandarización a partir de la cual saber y comparar la sincronía con lo que esperamos y la desviación que lo conforma. El Código expresa así, la filosofía moral de los actores que interactúan en un proceso. La filosofía moral es el conjunto de principios, reglas y valores que utilizan las personas para decidir que está bien y que está mal.

En medio de una crisis ético-moral tan profunda como la que existe en la sociedad dominicana, sobre todo de los actores políticos, la llegada del Código de Ética y la firma de todos los funcionarios públicos es un aliciente, que como inicio debemos de alentar y celebrar. Es al mismo tiempo un reconocimiento, sin decirlo, del grado de deterioro y percepción de la corrupción que hoy tenemos de la partidocracia dominicana, con énfasis en los que han dirigido en los últimos 8 años.

La semiótica lo dice todo. Las firmas de los funcionarios constituyen a mi juicio un peldaño, un escalón, un eslabón en la larga lucha por adecentar la vida pública dominicana; por desterrar el maquiavelismo que cree en la sociedad dominicana que la práctica política está exenta del necesario revestimiento moral. Esas firmas públicamente son una ganancia de causa para el conjunto del pueblo dominicano.

El Código de Ética en que se comprometen los funcionarios, constituidos en 18 puntos, es un entramado que está disperso en otras legislaciones: 1) La Constitución; 2) La Ley de Función Pública; 3) La Ley 79-82, de Declaración Jurada de Bienes; 4) Las leyes 340-06 y 449-06, de Compras y Contrataciones y Concesiones de obras del Estado. Sin embargo, reunido en un solo cuerpo, permite a la sociedad vigilar, monitorear y evaluar los resultados de cada uno de los funcionarios.

Pienso que la eclosión de este Código en la segunda década del Siglo XXI, pone de manifiesto y en una clara perspectiva, de cómo los actores políticos en el poder, se aprovechan de sus puestos y no son  canales para servir a la sociedad, sino para  servirse. Los últimos 8 años de la administración pública, la corrupción, en sus diferentes modalidades: nepotismo, padrinazgo, corrupción administrativa o burocrática y captura del Estado; se dieron todas al unísono, de manera simultánea; de manera institucional, sistémica y estructural. Donde corrupción e impunidad se codearon simétricamente, como dos hermanas  gemelas que galopaban sin freno, haciendo de esta sociedad, una sociedad enferma, robustecida ahora de una inmensa hipocresía social. Si la crisis bancaria  del 2003, puso de manifiesto la crisis ético-moral de las elites en la República Dominicana, estos 8 años, nos cubrieron a todos, esclerotizando toda la vida social

Los numerales 14, 17 y 18 sobresalen por su mayor pertinencia. El 14: Evitar mi participación personal y la de los servidores públicos bajo mi responsabilidad, en la toma de decisiones en asuntos donde pueda existir conflicto de interés suyos o de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. El 18: Negarme a utilizar todo tráfico de influencia y a realizar cualquier otra actividad que afecte la imparcialidad de las prácticas públicas o comprometan la moralidad gubernamental. Este último (18), es lo que más se da en la vida pública dominicana. Los funcionarios en Dominicana reciben regalos y ven esto como parte de su poder, de su grado de importancia, de su status social, de una simbología social  especial. Hemos visto como hasta Presidentes y Expresidentes han recibido yipetas, tarjetas de socios de por vida en clubes súper especiales. En fin, regalos de todo tipo y de todas las manifestaciones y dimensiones.

Lo mismo sucede con el Decreto 499-12, es una clara manifestación de hasta dónde llega la crisis en el sector público con respecto a las finanzas. Más allá de las falencias, carencias que pueda existir en el mismo, lo que resalta es que hay una crisis; de que el dispendio y la francachela no pueden seguir; sobre todo en una sociedad donde el 40.8% de la población, esto es, 4,037,981 son pobres y de estos 1,024,880 son indigentes, vale decir, tenemos un 10.2% de la población en la pobreza extrema. En el año 2005, teníamos 330,551 empleados, tanto en la Administración Pública Central como en la Administración Pública Descentralizada. Hoy tenemos 645,992. Un Estado macrocefálico, costoso, ineficiente e ineficaz, que no agrega valor en los servicios a la ciudadanía.

Más allá del ahorro cuantitativo, que algunos economistas señalan en alrededor de 20,000 millones en un cuatrimestre; lo que no se ve son las señales en la forma de gobernar y el cambio de rumbo que de manera inexorable, inevitable tendrá que asumir el ciudadano Presidente Danilo Medina. El actual Presidente tendrá que asumir un liderazgo y una gerencia más ética, más moral, que le de la suficiente autoridad moral, desde el poder, para poder pedirle a esta sociedad más sacrificios; después de contemplar cómo se dilapidaba, se despilfarraba y se iba por la cuneta de la corrupción cientos de miles de millones de pesos; sin contar la prioridad y la calidad del gasto público.

El Decreto 499-12, es una mirada interesante para el presente, en una clara perspectiva de futuro. Es una puesta en escena de una nueva obra que debió concretizarse hace mucho tiempo en el cuerpo de la vida social dominicana. Nos llama, a la sociedad civil a exigirle a los actores políticos, que el paradigma fundamental para mantener la esperanza renovada ha de ser siempre la justicia y el honor; y, estos dos, solo cobran vida a través de un ejercicio público de transparencia, ética y sobriedad en el gasto, sobre todo, de un dinero que administra que no es suyo.

Desgraciadamente, nuestra sociedad se encuentra en el primer nivel del Modelo de Desarrollo Moral cognoscitivo de Kohlberg. Este clasifica a las personas dentro de tres categorías con base a su nivel de juicio moral:

1)      Fase Preconvencional: La gente toma decisiones basadas en recompensas y castigos concretos e interés propio inmediato;

2)      Fase Convencional: La gente actúa según las expectativas de comportamiento ético sostenida por grupos e instituciones como la sociedad, la familia o  los semejantes.

3)      Fase de Probidad: La gente adopta una perspectiva más amplia, en la cual ve más allá de la autoridad, leyes y normas y sigue principios éticos escogidos por ellas mismas.

Si el Presidente aplica el Código de Ética podrá dar el salto de las dos primeras fases, pues el primero se castigaría y el segundo no avanzaría negativamente, pues la impunidad no sería el bello salón por donde todos pasaban al saberse que desde el Ejecutivo nunca le pasaría nada. La sociedad amerita de funcionarios con probidad para que en el mañana no tengamos que firmar documentos de esa naturaleza, que aquí en Dominicana son indispensables y que en otras latitudes sería una afrenta, una vergüenza.

¡Celebremos el Código y el Decreto, como inicio y aboquémonos a seguir OBSERVANDO, esperanzados a plenitud para que se cumplan, que es siempre el objetivo de la sociedad civil: que la gobiernen bien y de manera transparente y ética, para que todos ganemos!